I
El error de aplicar el mismo modelo en todos los mercados
Hay una tentación comprensible, y muy extendida, en las empresas europeas que deciden expandirse a América Latina: aplicar directamente el modelo de compliance que funciona en España, en Alemania o en los Países Bajos, con algún ajuste superficial para cumplir con la normativa local. Es una tentación comprensible porque reduce costes, simplifica la gestión y permite a la sede central mantener el control sobre los procesos. Es también, en muchos casos, una receta para el desastre.
La razón no es que los estándares internacionales de prevención del blanqueo de capitales no sean aplicables en América Latina. Las Recomendaciones del GAFI son de aplicación universal y los países de la región —México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Brasil— las han incorporado a sus ordenamientos nacionales con distintos niveles de madurez y rigor. La razón es que el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en América Latina tiene características, tipologías y vectores específicos que los modelos de riesgo diseñados en Europa simplemente no capturan.
Haber acompañado a empresas europeas en su entrada en distintos mercados de la región, construyendo programas de cumplimiento adaptados a la realidad normativa y de riesgo local, permite identificar con precisión dónde se producen las brechas más significativas entre lo que la matriz cree que está controlando y lo que realmente está ocurriendo en sus filiales o en sus relaciones comerciales locales.
II
El mapa de riesgo específico de América Latina
El primer paso para construir un programa de due diligence adaptado a América Latina es entender que el mapa de riesgos de la región no es una versión menos sofisticada del europeo. Es un mapa diferente, con amenazas propias que requieren respuestas propias.
El peso del sector informal y la economía en efectivo
En América Latina, la economía informal representa entre el 25% y el 60% del PIB según el país, frente a porcentajes que raramente superan el 20% en Europa occidental. Esto tiene consecuencias directas para la due diligence: los clientes, proveedores y socios comerciales en la región tienen con frecuencia fuentes de ingresos mixtas —formales e informales— que son perfectamente legítimas en su contexto local pero que activan señales de alerta en sistemas de monitorización diseñados con parámetros europeos.
El riesgo no es que el sector informal sea necesariamente ilícito. El riesgo es que su opacidad lo hace vulnerable a ser utilizado como vehículo de colocación de fondos de origen criminal, y que los controles de verificación tradicionales son insuficientes para distinguir con certeza un negocio informal legítimo de uno que sirve como fachada para el lavado de activos.
La exposición al crimen organizado transnacional
México, Colombia, Guatemala, Honduras y otros países de la región están clasificados por el GAFI y organismos especializados como jurisdicciones con exposición significativa al crimen organizado transnacional, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Para una empresa europea con operaciones en estos mercados, esto no es un riesgo abstracto: es una exposición concreta que puede materializarse a través de clientes, proveedores o incluso empleados que tienen vínculos —no siempre voluntarios— con organizaciones criminales.
México recibió en 2024 más de 63.000 millones de dólares en remesas, el mayor flujo de su historia. Las remesas son legítimas en su inmensa mayoría, pero representan también uno de los vectores de mayor riesgo para el lavado de dinero transfronterizo.
Banco de México, 2025La corrupción como riesgo sistémico
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sitúa consistentemente a la mayoría de los países latinoamericanos en la mitad inferior del ranking global. Para una empresa extranjera, esto no significa que deba asumir que todos sus interlocutores locales son corruptos. Significa que su programa de due diligence debe estar específicamente diseñado para identificar y gestionar el riesgo de que sus operaciones —intencionalmente o no— faciliten, financien o encubran conductas corruptas que en el país de origen generarían responsabilidad penal corporativa.
La volatilidad regulatoria
A diferencia del entorno europeo, donde los cambios regulatorios en materia de compliance son graduales y predecibles, América Latina registra con frecuencia cambios normativos abruptos, reformas institucionales profundas y variaciones en la intensidad de la supervisión que pueden alterar completamente el perfil de riesgo de un mercado en pocos meses. México vivió en 2025 una reforma de la LFPIORPI de calado histórico. Argentina atraviesa procesos de desregulación financiera con impacto directo en los controles antilavado. Colombia refuerza sus mecanismos SAGRILAFT. Estar al día no es opcional.
III
Los cinco puntos ciegos de la due diligence europea en LATAM
1. Beneficiario real opaco en estructuras societarias locales
Los registros de beneficiario real en América Latina tienen, en general, un nivel de fiabilidad significativamente menor que sus equivalentes europeos. En varios países, las estructuras de tenencia a través de sociedades anónimas con acciones al portador —legalmente restringidas en Europa desde hace años— siguen siendo habituales. La due diligence estándar basada en documentación registral es, en este contexto, manifiestamente insuficiente. La verificación del beneficiario real requiere investigación cualitativa, fuentes abiertas y, en muchos casos, inteligencia comercial de terceros especializados.
2. PEPs locales no identificados en bases de datos internacionales
Las bases de datos internacionales de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) tienen una cobertura razonable de los niveles nacionales de gobierno, pero capturan de forma muy incompleta los PEPs sub-nacionales —gobernadores, presidentes municipales, funcionarios estatales— que en países federales como México o Argentina pueden tener un poder de contratación y una exposición al riesgo de corrupción comparable o superior al nivel federal. Un programa de due diligence robusto para LATAM debe complementar las bases de datos globales con fuentes locales.
3. Países y regiones dentro del país con riesgo diferenciado
El riesgo no se distribuye homogéneamente dentro de un mismo país. Operar en Ciudad de México no es lo mismo, desde la perspectiva del riesgo AML, que operar en determinados estados del norte de México con alta actividad del crimen organizado. Un programa de due diligence sofisticado debe incorporar una segmentación geográfica intra-país que muchos modelos de riesgo europeos, acostumbrados a operar en mercados nacionales más homogéneos, simplemente no contemplan.
4. Sector Fintech y nuevos canales de pago
América Latina lidera globalmente en penetración de servicios financieros digitales y Fintech. Brasil tiene a Nubank como el banco digital más grande del mundo fuera de Asia. México cuenta con una de las regulaciones Fintech más avanzadas de la región, con la Ley Fintech de 2018. Pero esta expansión ha creado nuevos canales de pago que en muchos casos no están todavía sometidos al mismo nivel de supervisión AML que la banca tradicional, generando zonas grises que pueden ser explotadas para la estratificación de fondos ilícitos.
5. Proveedores de primer y segundo nivel sin due diligence
Las normativas FCPA (Estados Unidos), UK Bribery Act y la legislación española de responsabilidad penal de personas jurídicas establecen que la responsabilidad de una empresa puede extenderse a las conductas ilícitas de sus proveedores y agentes si no se han adoptado medidas razonables de supervisión. En América Latina, las cadenas de suministro son con frecuencia más largas, menos formalizadas y más opacas que en Europa. La due diligence de proveedores no puede limitarse al primer nivel.
IV
Cómo construir un modelo de due diligence adaptado a LATAM
Un programa de debida diligencia eficaz para operaciones en América Latina no se construye aumentando el número de documentos que se piden al cliente o al proveedor. Se construye rediseñando el proceso de evaluación de riesgos para incorporar las especificidades del entorno regional.
Segmentación de riesgo por país y sector
El primer elemento es una matriz de riesgo inherente que incorpore, por país, los factores de riesgo específicos de la región: nivel de corrupción, exposición al crimen organizado, madurez del marco regulatorio AML, calidad de los registros públicos y estabilidad institucional. Esta matriz debe actualizarse al menos anualmente y revisarse de forma extraordinaria ante eventos significativos —elecciones, reformas normativas, crisis institucionales.
Investigación cualitativa como complemento de la documental
En mercados donde la fiabilidad de la documentación formal es limitada, la due diligence cualitativa —entrevistas, visitas, investigación en fuentes abiertas, consulta a especialistas locales— no es un lujo sino una necesidad. Para contrapartes de alto valor o alto riesgo, el recurso a firmas de inteligencia comercial especializadas en la región es una inversión que raramente se lamenta.
Monitorización continua, no solo en el onboarding
Las normativas latinoamericanas más avanzadas —incluyendo la reforma mexicana de la LFPIORPI y los estándares del GAFILAT— exigen explícitamente que la due diligence no sea un proceso puntual sino continuo. Los cambios en el perfil de riesgo de una contraparte —nuevos socios, cambios en la estructura accionarial, noticias adversas— deben ser detectados y evaluados en tiempo real, no en la siguiente revisión anual.
El GAFILAT publicó en 2025 su primera Evaluación Sectorial de Riesgos de Activos Virtuales para América Latina, identificando a seis países de la región con deficiencias significativas en sus marcos de supervisión AML para el sector cripto.
GAFILAT, Informe Regional 2025V — Conclusión
La due diligence como inversión, no como coste
La expansión a América Latina es una oportunidad extraordinaria para las empresas europeas. La región ofrece mercados en crecimiento, demografía favorable, recursos naturales y una clase media en expansión que demanda productos y servicios de calidad. Pero esa oportunidad tiene un precio que no se paga en aranceles ni en logística: se paga en rigor en la gestión del riesgo regulatorio y reputacional.
Las empresas que han sufrido los mayores daños en la región —sanciones millonarias, procesos penales corporativos, daños reputacionales irreversibles— no son las que desconocían los riesgos. Son, en su mayoría, las que los conocían pero aplicaron el mismo modelo de gestión que funcionaba en sus mercados de origen, sin adaptarlo a la realidad latinoamericana.
La due diligence reforzada en LATAM no es burocracia. Es la diferencia entre una expansión internacional exitosa y una crisis que puede costar todo lo ganado en varios años de operación.